El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que tiene imputado a Podemos como persona jurídica por presuntos delitos de malversación y administración desleal, ha citado como investigados a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente.
El magistrado ha convocado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia y declarara durante varias horas en el juzgado a finales del pasado julio, sobre ilícitos que se habrían cometido en el contexto de las obras de la sede de Podemos, en la contratación de una agencia para dar seguimiento a la campaña electoral y en el funcionamiento de la caja de solidaridad de la formación, que estaría escapando a cualquier control tributario.
Junto a las imputaciones de Del Olmo, la gerente, Rocío Esther Val; y el tesorero, Daniel de Frutos, el juez ha acordado citar como investigados Elías Castejón, que constaba como administrador de la polémica consultora Neurona Comunidad S.L. en las fechas objeto de la investigación, y su intermediario con el partido, Eduardo López.
Llama además a una trabajadora de Podemos y convoca a diversos testigos relacionados con la reforma de la sede de la organización, al tiempo que ordena recabar ingente documentación e informes del Tribunal de Cuentas y de diversas empresas contratadas, de acuerdo al auto dictado el pasado 30 de julio.
Podemos, personado en esta causa como persona jurídica investigada, ha registrado un escrito en el que solicita la nulidad de todo lo actuado porque las diligencias se acuerdan a partir de la ratificación de la denuncia presentada por Calvente el pasado 29 de julio en sede judicial y ellos no han tenido acceso al contenido íntegro de su declaración por problemas técnicos.
De todos los frentes legales que tiene abiertos Podemos, y por extensión el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el de la financiación del partido es de los más complejos. El abogado Calvente. tras ser despedido el pasado diciembre por alertar, según él, de posibles irregularidades en contrataciones y destino de «sobresueldos», fue directamente a denunciarlas a la Guardia Civil, molesto por que se hubiera «vestido» su despido de un acoso laboral y sexual (a Marta Flor) que él siempre negó y que finalmente, fue archivado por los tribunales.
La denuncia se interpuso en Cataluña, lugar de residencia de Calvente, pero ha recaido en un juzgado de Madrid al ser el lugar en el sucedieron los hechos y, tras el parón por el estado de alarma, el juez le citó el pasado 29 de julio para ratificarla. Tras una sesión de varias horas de declaración, Juan José Escalonilla acuerda estas nuevas diligencias que pasan por la imputación de la cúpula económica del partido.
Asimismo, ha citado en septiembre como testigos a Mónica Carmona –abogada de Podemos que fue despedida junto a Calvente– y a Gloria Elizo, antigua responsable del equipo legal de Podemos y hoy vicepresidenta tercera del Congreso, aunque en este caso la citación ha decaído dada su condición de diputada. Antes, escuchará como investigada a otra trabajadora del partido, Andrea Deodato y al antiguo gerente y responsable de recursos humanos Pablo Fernández Alarcón, tal y como avanzó eldiario.es y confirmó ABC en fuentes jurídicas.
La sede, Neurona y la caja de solidaridad
Fuentes jurídicas señalaron a ABC que la denuncia de Calvente se vertebra sobre tres pilares, todos ellos relacionados con episodios contables. El primero, en relación con el nuevo edificio de la formación de Iglesias, cuyas obras se adjudicaron vulnerando las normas internas de contratación y se adjudicaron por el doble del importe estimado. En concreto, los trabajos se anunciaron por 649.936,68 euros y se terminaron adjudicando por 1.361.055 euros sin que se haya aclarado el motivo del desfase.
El segundo, tiene que ver con Neurona, la agencia de comunicación a vinculada a Juan Carlos Monedero y que habría recibido fondos del expresidente de Bolivia Evo Morales, a la luz de la investigación abierta en aquel país.
La tercera parte de la denuncia es la que afecta a la «caja de solidaridad del partido», el fondo en el que revierte la parte del sueldo de dirigentes y cuadros intermedios que rebasa tres veces el Salario Mínimo Interprofesional, en cumplimiento de los principios del partido de utilizar ese «exceso» salarial para fines sociales.
Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que no está claro, por un lado, que el fondo se esté destinando a esos objetivos y, por otro, que los dirigentes y mandos intermedios comprometidos a cobrar menos de tres veces el SMI estén realmente cumpliendo, por el modo en que se reintegran los gastos corrientes.
Desde Podemos, cargan en respuesta contra el juez, al que acusan de estar llevando a cabo una «investigación prospectiva» que está «prohibida y sancionada en los estados de derecho», con el «objetivo» de orquestar «un caso mediático que dure meses aunque luego jurídicamente se quede en nada».
