Los legisladores de algunos estados en Estados Unidos donde el aborto está penado buscan prohibir explícitamente las píldoras abortivas o dar un paso al que se oponen muchos grupos antiaborto: castigar a las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.
En algunas sesiones legislativas, es demasiado pronto para saber si las medidas serán consideradas seriamente. Pero esto muestra que el debate político sigue evolucionando tras la decisión tomada por la Corte Suprema en 2022 que anuló el fallo en el caso Roe vs. Wade de 1973 que despenalizó el aborto y abrió la puerta a las prohibiciones estatales.
Este es un vistazo a la situación actual:
Los legisladores de varios estados han presentado medidas para clasificar los medicamentos mifepristona y misoprostol, que se emplean conjuntamente en la mayoría de los abortos en Estados Unidos, como sustancias controladas peligrosas, con lo que poseerlas sin receta sería considerado un delito.
Luisiana se convirtió el año pasado en el primer estado en adoptar una ley de esa naturaleza, a pesar de las preocupaciones de los médicos, quienes sostienen que las restricciones dificultarían su acceso a esos medicamentos para realizar procedimientos que salvan vidas.
Las medidas se han presentado en estados donde los republicanos controlan el gobierno y donde el aborto está prohibido en todas las etapas del embarazo, con algunas excepciones.
En Indiana y Mississippi, la legislación ha fracasado o parece poco probable que avance.
En otros lugares, como Idaho, Oklahoma, Tennessee y Texas, es demasiado pronto para saber si tienen alguna posibilidad.
En Oklahoma, el gobernador Kevin Stitt, un firme opositor al aborto, prometió aprobar cualquier medida antiaborto que llegue a su escritorio.
Y un académico que da seguimiento a la política del aborto dijo que los proyectos de ley pueden influir en el debate aun si no ganan impulso.
“Cuanto más a menudo se introducen este tipo de proyectos de ley y estos conceptos que promueven, más normalizados se vuelven”, dijo Laura Hermer, profesora de la Escuela de Derecho Mitchell Hamline en St. Paul, Minnesota.
Las autoridades de dos estados con estrictas leyes sobre el aborto acusaron a una médica de Nueva York de presuntamente enviar píldoras abortivas a pacientes de esos estados.
El mes pasado, un jurado investigador de Luisiana acusó a la doctora Maggie Carpenter de cargos de aborto criminal mediante el uso de medicamentos abortivos, lo que constituye un delito grave. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a Carpenter en un tribunal civil en circunstancias similares.
Las acciones legales son una prueba para las leyes de algunos estados controlados por demócratas, como Nueva York, que buscan proteger a los proveedores de atención médica que utilizan la telemedicina para prescribir y enviar píldoras abortivas a pacientes en estados donde están prohibidas. Las autoridades de Nueva York dicen que no extraditarán a la médica a Luisiana.
Tras la acusación de Carpenter, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una ley que permite que los médicos omitan sus nombres en las botellas de píldoras abortivas como una forma de protegerlos aún más. En Maine se presentó una legislación similar.
Los fiscales generales de Idaho, Kansas y Missouri también presentaron una demanda ante un tribunal federal para revertir las aprobaciones federales de la mifepristona y prohibir su prescripción por telemedicina.
Algunos activistas han pedido al presidente Donald Trump que haga cumplir una ley de 1873 que prohíbe el envío de medicamentos o instrumentos utilizados en el aborto, pero él no lo ha hecho.
Jenchy Suero
Jesús Antonio Suero Castillo (Jenchy Suero), nació en San Juan de la Maguana, catedrático universitario, comunicador, economista y abogado. Ha dirigido diversas entidades profesionales y organizativas de la sociedad, etc. Jenchy Suero, conduce y produce el programa televisivo: “Primera Hora” y conduce “Panorama Social, ambos cada día de lunes a viernes en la televisión de Santo Domingo República Dominicana.
