En la continuación del juicio de fondo en el caso Antipulpo, una investigación sobre un presunto entramado de corrupción administrativa que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y exfuncionarios de su gobierno, el Ministerio Público presentó como como testigo a un exencargado de Compras de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) , quien detalló presuntas irregularidades en la adquisición de bienes y servicios para beneficiar a las empresas de Alexis Medina.
En su testimonio, Cristian Ramón Cabral García, quien también fue encargado de Compras en la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), afirmó en el tribunal que «cuando recibía una solicitud de compra, el administrador general, Luis de León, me llamaba para ver qué trato le íbamos a dar».
Según su relato, en muchos casos se le instruía adjudicar contratos a empresas específicas, entre ellas General Supply, United Suppliers y Electrical, de Alexis.
«El proceso de compras usadas para la adjudicación de esas empresas era a través de comparativas de precios y de urgencias, porque eran las que se podían manejar mejor», explicó.
El testigo señaló que, para simular transparencia en las licitaciones, se invitaban hasta ocho empresas a cotizar. Sin embargo, de esas, cinco eran de Alexis Medina, por lo que él resultaba ganador de la licitación.
«Es importante señalar que el suplidor tenía la información de antemano», puntualizó.
Cabral también reveló que un hombre, a quien solo identificó como Julián, asistente de Medina, visitaba constantemente las oficinas y estaba al tanto de los procesos.
«Luis de León, quien era mi superior, es cuñado de Medina, lo que facilitaba estas maniobras», agregó.
Confesó recibió sobornos
El testigo confesó que recibió sobornos durante su gestión en Edeeste.
«En unas vacaciones, el señor Medina y Julián me llamaron y me dijeron que me tenían un pequeño regalito. Pasé por la oficina de Medina, en la 27 de Febrero, y me entregaron un sobre amarillo con 200 mil pesos. Me dijeron que vaya agarrando eso porque más adelante, en otros procesos de licitación, vendrían cosas mejores».
El testigo aseguró haber recibido una segunda entrega de 400 mil pesos, con el propósito de adquirir dos motores para la campaña electoral y su mantenimiento. Además, indicó que en la campaña presidencial del 2016, en apoyo al candidato Danilo Medina, «todos los fines de semana nos daban entre 20 y 30 mil pesos para gasolina y aceites».
En este juicio de fondo ya se han conocido la mayoría de las ofertas probatorias de cada una de las partes.
Desde el 2020 el caso ha pasado por diversas fases, incluyendo la presentación de la acusación formal en diciembre de 2021 y el inicio del juicio de fondo en septiembre de 2023.
El Ministerio Público, encabezado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, espera lograr condenas ejemplares contra los acusados.
Entre sus principales objetivos están el demostrar la culpabilidad de los implicados con pruebas documentales, testimoniales y periciales.
Obtener sentencias condenatorias con penas de prisión y decomiso de bienes adquiridos ilícitamente, así como recuperar los fondos públicos desviados mediante contratos fraudulentos y maniobras irregulares.
El Ministerio Público ha calificado este caso como un «ejemplo del compromiso con la lucha contra la corrupción en el país».
Participación de los acusados en el entramado
El proceso sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Medina para organizar un entramado societario que alegadamente desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras.
También está acusada Carmen Magalys Medina Sánchez, quien, en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), presuntamente habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano. Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas».
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos. Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), es señalado de presuntamente aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
Según el expediente, José Dolores Santana Carmona es uno de los principales testaferros, alegadamente prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados. De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas.
Libni Arodi Valenzuela Matos habría presuntamente participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
A Paola Mercedes Molina Suazo se le señala de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos.
Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, esposo de Paola, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz también se les atribuye la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por alegadamente facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.
Empresas vinculadas
Domedical Supply, Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution A.M. S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez, United Suppliers Corporations S.R.L.
También, Wattmax Dominicana S.R.L., WMI International SRL, Wonder Island Park S.R.L, Editorama S.R.L, Acorpor S.R.L, Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (Cemeraf) S.R.L, Ichor Oil S.R.L., Globus Electrical, Contratas Solution Services CSS S.R.L.
Además, figuran también Constructora Alcántara Bobea (Conalbo) S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic SRL, Reivasapt Investments SRL, Suhold Transporte y Logística.
Jenchy Suero
Jesús Antonio Suero Castillo (Jenchy Suero), nació en San Juan de la Maguana, catedrático universitario, comunicador, economista y abogado. Ha dirigido diversas entidades profesionales y organizativas de la sociedad, etc. Jenchy Suero, conduce y produce el programa televisivo: “Primera Hora” y conduce “Panorama Social, ambos cada día de lunes a viernes en la televisión de Santo Domingo República Dominicana.
