Las crisis electorales y pírrica democracia

Desde el ajusticiamiento de Trujillo en 1961, se han llevado a efecto 16 procesos electorales para elegir autoridades nacionales, congresionales y municipales; para generar rotación de las élites, vale decir, cambiar la cúpula administrativa del Estado, sus ministerios y estamentos de la burocracia, y, así legitimar el sistema político vigente.

Políticamente las elecciones se tienen como expresiones de la soberanía ciudadana para elegir autoridades. En consecuencia, sabotearlas implica bloquear la soberanía popular y crear crisis de representación, que, de llegar a agravarse, puede conducir a crisis mayores, hasta de gobernanza como ocurrió en1986, 1990 y 1994, cuando se consumaron colosales fraudes.

Cada proceso comicial crea expectativas en la ciudadanía que aspira a que las nuevas autoridades enfrenten los problemas locales, municipales, regionales y nacionales implantando medidas tendentes a satisfacer las carencias materiales, de salud, educativas o de salvaguarda del patrimonio nacional, es decir, que se creen las condiciones sociales para que los ciudadanos vivan en estado de derecho.

Pero, una vez que los “ganadores” son proclamados y toman juramento, esas esperanzas colectivas se han saldado en frustraciones, pues durante las campañas los candidatos dicen lo que el ciudadano desea oír, pero tan pronto se convierten en autoridades, olvidan las promesas e inician acciones muy lejanas a sus compromisos electorales, tales como acumulación de capital mediante el despojo del patrimonio público y las practicas ancestrales de desdeñar a la ciudadanía, además de redimensionar el nepotismo. Esa ha sido una constante en la vida política dominicana.

En todos los procesos electorales del periodo post Trujillo, los ciudadanos han acudido a las urnas ordenadamente, han ejercido el sufragio, se han retirado a sus quehaceres habituales; mientras los árbitros de los procesos, designan en los Colegios Electorales a acólitos políticos, se alteran las actas de los conteos, se apagan el fluido eléctrico, se militarizan los recintos, se sustraen urnas, se asesinan delegados, hackean las salas de cómputos, manipulan los escáneres, reparten dinero para compra y alquilar de cedulas, etc. todo eso con la aviesa intención de violentar la voluntad ciudadana.

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Si partimos de la tradición jurídico -política que considera la Soberanía Popular como matriz de la democracia, entonces las acciones fraudulentas vulneran esa soberanía y tornan en ilegitimas las autoridades emanadas de tales procesos eleccionarios que se tienen como esencia de la democracia, negando real existencia.

De las 16 veces que se han llevado a cabo elecciones nacionales solo las de 1962, 1982, 2000, 2004 y 2020 han sido libre de sospechas de fraudes y se las tiene como limpias.

Pero también estas acusan serios déficits de transparencias en las escogencias de los candidatos al interior de los partidos en atención al tráfico de influencias, compra de delegados o imposiciones de las direcciones a las bases. Resultandos espurios los escogidos mediante esos procedimientos no democráticos.

A su vez no pocas campañas para optar por cargos han sido financiadas por el crimen organizado. Algunas campañas se han desenvuelto con violencia y alto grado de difamación contra los contrincantes. De esa falta palmaria de cultura democrática han sido electos ágrafos, traficantes, riferos y truhanes de todas las calañas.

Con frecuencia las cámaras legislativas y los cabildos han resultado con integrantes que desconocen la constitución, los procedimientos parlamentarios, las leyes orgánicas propias y ni hablar del corpus jurídico nacional. Tales representantes bloquean el desempeño institucional. Desde luego, siempre ha habido congresistas y ediles que prestigian la curul.

Los escándalos han estado a la orden del día por actuaciones reñidas con las leyes y la ética, por asociación de malhechores, tráfico de influencias, narcotráfico y un largo rosario de acciones cuestionables amparadas con el ropaje del puesto. Capitulo aparte merecen los privilegios que comportan esos puestos, lo que contrasta con el bajo servicio que se presta desde ellos.

El país ha pagado carísimo la existencia de legisladores y regidores infuncionales, que no representan a nadie y que legislan para sí mismo, además de auto dotarse de irritantes privilegios y una aberrante práctica de chantaje para acometer sus tareas.

Las diabluras en el congreso Nacional a veces son ventiladas en la prensa. Pero donde se rompen todos los parámetros de ineficiencia, corrupción, expresado en saqueo al patrimonio colectivo es en los ayuntamientos. Alcaldes electos ignoran sus compromisos contractuales definidos en las leyes del cabildo para con los munícipes.

Sus actuaciones de compra de vehículos de lujos, comilonas principescas, no planificar para resolver problemas municipales, contratos al margen de los procedimientos legales, favorecer allegados y familiares y compras violatorias de los procesos establecidos a los fines de enriquecerse, han estado a la orden del día.

Sin que se sepa de auditorias en los cabildos y desde luego, sin que nadie haya sido traducido a los tribunales por alquilar los espacios públicos, recibir sobornos, violentar los protocolos para el establecimiento de expendio de gas o gasolina y para colocar puesto de farmacias, rifas, bares y tiendas en espacios regulados. etc.,

¿Cómo se explica que luego de 60 años de tránsito hacia la democracia haya localidades que no tengan calles pavimentadas, aceras, contenes, casas numeradas, parques, agua potable, servicios de ornato, señalizaciones y menos aún espacios de sana recreación? Dado que los cabildos son los organismos de mayor cercanía con las poblaciones si estos no operan es poco lo que puede esperarse del sistema político vigente.

Esas prácticas gansteriles, puestas en evidencias en denuncias en todos los medios, corroboradas por ex ediles y en juicios populares generó que creciera la expectativa en torno a que de las elecciones de 2000 para elegir síndicos y regidores, y las autoridades salidas de las mismas leerían y sintonizarían con las aspiraciones populares, actuando en consecuencia; pero no parece ser el caso a dos años y medio de haber tomado posesión.

Luego, se eligió la jefatura del Poder Ejecutivo, que por fortuna ha resultado coherente y pretende actual apegado a las leyes. Su incumbente, Luis Abinader ha detectado que se necesita de nuevas leyes y sugirió unas doce, convocó al Consejo Social y allí los concurrentes han propuesto otras más.

Llama la atención que las propuestas responden a demandas específicas de legislación para encarar problemas nacionales y no a presión de organismos internacionales que buscan adecuar la nación a los requisitos del capital transnacional.

Esas iniciativas de leyes han chocado con las prácticas y conductas premodernas de los partidos tradicionales y sectores que históricamente han obstruido los procesos de institucionalización y modernización nacional como en septiembre de 1963. Los bloqueos a las iniciativas han tenido lugar en el consejo de marras y en la cámara baja, acompañados de una fuerte oposición mediática.

Afortunadamente en el país ha surgido una masa crítica de ciudadanos que vigila las conductas de funcionarios elegidos y designados, como parte consustancial a los cambios socio económicos y culturales que vienen ocurriendo en el país en los últimos 30 años.

Esta vigilancia ciudadana observa sobre todo a aquellos funcionarios que aspiran a reproducir las andanzas de gobiernos anteriores que depredaron el patrimonio público.

creyendo que el país no los vigila e ignorando los cambios políticos en la sociedad, especialmente el surgimiento de esa masa crítica que ahora da seguimiento a las actuaciones del Estado y a los gobiernos municipales, así como a cada funcionario respeto al acatamiento de las normativas legales vigentes y sobre todo al uso del dinero público.

Desde luego, no todo ha sido triquiñuelas, se han registro procesos diáfanos y legítimos, aunque excepcionales. Tales son los casos de las efectuadas en 1962,1982, 2000 y 2004.

Las de 2020 fueron monitoreadas por una ciudadanía harta de trampas y fraudes y por poderes supranacionales con sobre determinación en la Formación Social Dominicana.

Algunos comicios han sido verdaderos actos cirquenses; ¿a quién se le ocurre que puede haber elecciones limpias en un país ocupado por tropas extranjeras que previo han seleccionado su candidato? También se ha escenificado actos caricaturescos como en 1986, donde se sobrepuso a la junta legal un cuerpo de “notables” que legalizaron el retorno de Joaquín Balaguer al poder y abrió las puertas para otros eventos similares en 1990 y 1994.

Frente a hechos abyectos como esos, los poderes fácticos han sido copartícipes y beneficiarios. La esencia de la vida democrática es el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las votaciones, y, pocas veces eso se ha verificado en el país. Pero, después de acaecidos, ¿cuáles han sido las actitudes la Suprema Corte, del Congreso, el Tribunal Superior Electoral? Que haya trascendido, ninguna. Así, han legitima los fraudes.

Peores han sido las posturas genuflexas adoptadas por algunos sectores de la prensa y las entidades corporativas del capital, pues siempre se suman y reconocen a las nuevas autoridades al margen de la legitimidad de su elección. Nunca se han pronunciado contra un fraude y quien ganó, ganó, no importando los medios.

Esa es una manifestación de la crisis permanente de representación y de legitimidad que acusan tanto el sistema, el Estado y las instituciones nacionales, prueba de sus complicidades con el carácter premoderno de los partidos tradicionales, lo que los retrata en su real incapacidad orgánica.

Con las elecciones se supone que el sistema se recicla, se fortalece, pero en Rep. Dom. los que más se benefician del sistema social vigente, sabotean los procesos democráticos mofándose de la voluntad ciudadana y de las instituciones, al tiempo que siguen disfrutando de las mieles del Poder y proclamándose demócratas.

En contraste con ese proceder las distintas expresiones de la izquierda siempre han advertido y denunciado los fraudes y luchado por adecentar la vida política nacional, aunque han sido quienes menos se han beneficiado políticamente de las mismas.

Además, las elecciones han sido fuentes de negocios de todo tipo. Ese proceder ha sido una constante en la vida republicana y en especial desde 1961se ha hecho visible permitiendo la toma de conciencia respecto a los límites del sistema y sobre el tipo de Estado y de los grupos dirigentes del país.

Pero esas no son las únicas falencias del modelo societal dominicano, pues lo que algunos llamamos desorden, a otros les cae como anillo al dedo para reproducirse como sectores oligárquicos.

Ejemplo, ahora que, por vez primera, un presidente se despoja de las ventajas que implica instrumentalizar la justicia, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, la Liga Municipal y otras entidades y las pone en condiciones de entrar en un proceso de institucionalización y además somete un conjunto de iniciativas jurídicas para que se produzca una consustanciación entre ley, institución y personal, para así permitir su operatividad, salen a la palestra los poderes facticos, políticos decimonónicos y partidos co partícipes del caos sempiterno, para sabotear la independencia del Ministerio Público, de por sí mediatiza por la herencia nefasta de administraciones orgánicas al desorden, con trabas de todo tipos, expresadas en amenazas, vigilancias, sabotajes internos, filtraciones de operativos y ataques mediáticos directos emanados de personeros bien remunerados.

Llama la atención el despliegue mediático, que se dispensa a declaraciones de delincuentes traducidos a la justicia, en desafío a las acciones del Ministerio Público y al país, pretendiendo desconocer el fardo de las pruebas y pidiendo respeto a los debidos procesos, mismos que ellos nunca respetaron.

Hay que preguntarse si las actuales autoridades, van o no, a procesar a quienes protagonizaron los sabotajes al proceso electoral que 2020, sus cómplices y jefes políticos.

Con este trabajo he querido demostrar que la institucionalidad democrática esta lejos de haber sido alcanzada, que queda mucho por hacer y no se justifica que quienes han respaldado las luchas democratizantes crean que ya están dadas las condiciones para llegar a sectores más avanzados al poder, este país tiene su propia dinámica y no es legítimo creer que lo que acontece en América Latina donde se verifica una oleada progresista, pasara aquí sin antes institucionalizar y elevar los niveles de nuestra pírrica democracia