PLD reclama pago de prestaciones a más de 300 exfuncionarios públicos

La dirección política del partido opositor entregó un documento en el que se consigna que la cifra de empleados públicos se produjo desde el 16 de agosto hasta la fecha.

José Dantés Díaz, miembro del Comité Político, resaltó que de las 300 mil solo unas 70 mil desvinculaciones han sido documentadas por supuesta “conveniencia en el servicio”, pero que en realidad es por “no pertenecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM)”.

Señalan el caso específico del Ministerio de Educación donde se produjeron más de 53 mil desvinculaciones laborales, estando prácticamente la totalidad pendiente del pago de prestaciones, que según la Ley 41-08 no debe exceder los 90 días.

“Cabe destacar, que las actuales autoridades tampoco han respetado a servidores de carrera, cuya razón de ser es mantener en el seno de la administración pública, el conocimiento y capacidad técnica necesaria, para garantizar que se cumpla con los propósitos misionales de las instituciones, continuidad de las políticas públicas y servicios al ciudadano, quien debe ser el centro de todo el accionar de la administración”, consigna en uno de sus párrafos el referido documento.

Comunicado íntegro

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en ocasión de celebrarse este 25 de enero el Día del Servidor Público, demanda nuevamente que el gobierno honre el pago de los derechos laborales adquiridos a casi 300 mil servidores públicos desvinculados desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha.

En este sentido, el PLD resalta que de esa cantidad sólo alrededor de 70 mil servidores públicos desvinculados se encuentran documentados como tales en siete instituciones, los cuales fueron separados “por conveniencia en el servicio”, cuya única falta ha sido no pertenecer al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Cabe destacar, que las actuales autoridades tampoco han respetado a servidores de carrera, cuya razón de ser es mantener en el seno de la administración pública, el conocimiento y capacidad técnica necesaria, para garantizar que se cumpla con los propósitos misionales de las instituciones, continuidad de las políticas públicas y servicios al ciudadano, quien debe ser el centro de todo el accionar de la administración.

Todo esto muy a pesar de que, durante la campaña electoral, el candidato del cambio al preguntársele sobre si se aplicará una “aplanadora” contra los empleados públicos que estaban laborando en ese momento, respondiera textualmente que “ningún empleado del gobierno perderá su empleo, si desempeña un trabajo, incluso agregó que sería un error sacar de sus empleos a gente que se ha capacitado y sirve éticamente a la sociedad”.

Estos miles de hombres y mujeres siguen esperando que las instituciones donde laboraban, por largos años, hagan efectivo el pago de sus indemnizaciones o derechos adquiridos. Tan solo el Ministerio de Educación, al mes de septiembre del pasado año 2021, había desvinculado 53,118 servidores y mantenía pendiente de pago de sus prestaciones, a prácticamente el 100% de ellos.

El pago de las indemnizaciones o derechos adquiridos de los servidores públicos desvinculados son conquistas establecidas por la Ley 41-08; y las autoridades tienen un plazo no mayor de 90 días para realizar dichos trámites, plazo que ha vencido ampliamente en casi todos los casos.

En agosto de 2021, el Partido de la Liberación Dominicana le solicitó por escrito al Presidente Abinader que se cumpliera con el pago de las prestaciones de los ex servidores públicos, por lo que fue designada una comisión en la que el Gobierno fue representado por el Ministro Administrativo de la Presidencia y el Ministro de Administración Pública en su condición de órgano rector del empleo, sin que a la fecha se hayan tenido grandes avances en el pago que esperan los miles de ex-servidores públicos.

También se solicitó a las instituciones que han manejado mayor volumen de desvinculaciones, una relación actualizada de quienes no habían recibido el pago correspondiente. Copia de estas  comunicaciones fueron remitidas al Ministro de Administración Pública en fecha 4 de octubre pasado, para su conocimiento y fines de dar seguimiento a que las mismas cumplan con entregar las informaciones solicitadas. El MAP a su vez instruyó a más de 130 instituciones a que procedieran a realizar los pagos correspondientes, sin que se haya materializado ni en un 10% de los casos.

Por otro lado, a las instituciones a las cuales se les solicitó dicha información y que se negaron a entregarlas son el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Deportes, Progresando con Solidaridad, y el Plan Social de la Presidencia.

En ese entendido, la Secretaría de Administración Pública y la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, ante la confirmación por parte de las actuales autoridades, de  que se cuenta con las apropiaciones presupuestarias para cumplir estas obligaciones, les recuerda que:

a)      El estatuto de la función Pública es un régimen de derecho público establecido constitucionalmente y que la separación de los servidores de carrera sin causa justificada, constituye un acto contrario a la Constitución y la Ley.

b)      Las actuaciones de las actuales autoridades constituyen una falta de tercer grado por parte de los responsables del no pago, cuya comisión da lugar a la destitución del cargo, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que corresponda.

c)      La demora o falta de respuesta (falta de pago), dentro de los plazos que establece la ley compromete la responsabilidad patrimonial de los titulares de las instituciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 107-13.