El Tribunal Constitucional de República Dominicana declaró constitucional el Acuerdo de Cielos Abiertos con Estados Unidos, suscrito el pasado 2 de agosto de 2024 entre el ministro de Turismo, David Collado, y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
Este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Entre los beneficios previstos, el acuerdo permitirá a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, promete un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
“Aspiramos a tener un puente aéreo entre República Dominicana y las ciudades donde más dominicanos y turistas tenemos. Este acuerdo ofrecerá opciones de servicios que respondan a las necesidades de nuestros ciudadanos y visitantes, con mejores precios y mayores frecuencias”, afirmó.
El subsecretario José W. Fernández destacó los beneficios estratégicos del acuerdo, que incluyen un impulso al turismo, nuevas oportunidades de viaje y el fortalecimiento de una cadena de suministro regional. Según Fernández, esta colaboración abrirá la puerta a una asociación bilateral más profunda, con efectos positivos de largo alcance para ambas naciones.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.
